Aseguran 143 máquinas tragamonedas vinculadas al crimen en Sonora y Michoacán

En un despliegue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, autoridades federales aseguraron este lunes 143 máquinas tragamonedas en los estados de Sonora y Michoacán. Los operativos, enfocados en desmantelar la infraestructura logística de grupos delictivos que operan en estas regiones, incluyeron el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas de manera clandestina en la vía pública para monitorear el movimiento de las fuerzas de seguridad.

Además de los dispositivos de juego, durante las intervenciones en diversos establecimientos y domicilios, los agentes federales incautaron cantidades significativas de narcóticos, equipos de cómputo y teléfonos celulares. Según reportes preliminares de la Fiscalía General de la República (FGR), este material será fundamental para las carpetas de investigación abiertas contra integrantes de las organizaciones criminales que presuntamente utilizaban las máquinas como fuente de financiamiento ilícito y punto de control en las comunidades afectadas.

La estrategia de seguridad busca frenar la influencia de las redes delictivas en las actividades cotidianas de los municipios intervenidos. La presencia de videovigilancia no autorizada, instalada por grupos criminales, había sido reportada en meses recientes por habitantes de la zona, quienes señalaban este mecanismo como una herramienta para el seguimiento y extorsión de la población local y de los propios agentes de seguridad durante sus patrullajes.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde se realizarán los peritajes correspondientes. Por su parte, el gobierno federal ha señalado que continuará con las acciones de inteligencia para identificar y desarticular las redes de suministro de estos dispositivos, así como los centros de mando desde donde se operaban las cámaras clandestinas detectadas durante las inspecciones de esta semana.

Este operativo se enmarca en la estrategia nacional de seguridad que busca reducir la incidencia delictiva mediante la recuperación de espacios públicos y la interrupción de las economías criminales. La Guardia Nacional mantendrá una presencia reforzada en las zonas donde se realizaron las incautaciones para prevenir actos de represalia y garantizar la tranquilidad de los comerciantes y vecinos que se vieron afectados por la operación de estas redes ilegales.