Avanza propuesta para investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio
Legisladores discuten una reforma para estandarizar la indagatoria de muertes violentas de mujeres, priorizando la perspectiva de género desde el inicio.
El Congreso de la Unión analiza una iniciativa que busca establecer la obligatoriedad de indagar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio. La propuesta legislativa, presentada recientemente, busca modificar los procedimientos actuales de las fiscalías en las entidades federativas, garantizando que el origen de la carpeta de investigación sea uniforme en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el documento en discusión, el objetivo principal es evitar la revictimización y asegurar que las investigaciones no pierdan elementos probatorios durante las primeras etapas de las diligencias. La iniciativa estipula que este criterio se mantendrá de forma imperativa, salvo que las investigaciones técnicas y periciales demuestren de manera fehaciente una causa distinta a un acto delictivo por razones de género.
Especialistas en procuración de justicia y colectivos de defensa han señalado que esta medida busca cerrar los márgenes de discrecionalidad que actualmente enfrentan las autoridades ministeriales. Al homologar el criterio de inicio, se pretende que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales actúen bajo estándares mínimos de debida diligencia, reduciendo la posibilidad de clasificar erróneamente los casos como homicidios culposos o suicidios.
La propuesta contempla también la capacitación constante del personal ministerial y de servicios periciales para aplicar la perspectiva de género en las escenas del crimen. Representantes de diversas bancadas en la Cámara de Diputados han coincidido en la urgencia de fortalecer los marcos legales para que la protección de las mujeres sea una constante en la actuación del Estado mexicano.
El debate legislativo continuará en los próximos días, donde se espera la participación de organismos autónomos y académicos para robustecer el dictamen. De aprobarse, el Poder Judicial contaría con herramientas más claras para supervisar que las carpetas de investigación cumplan con los protocolos internacionales vigentes en materia de derechos humanos y violencia de género.
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