Exdirector de la DEA exhorta a García Harfuch sobre Rocha Moya

Derek Maltz, exdirector interino de la División de Operaciones Especiales de la DEA, emitió recientemente un pronunciamiento público en el que solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, gestionar el traslado y entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante las autoridades judiciales de Estados Unidos. La petición surge en un contexto de creciente presión internacional respecto a las investigaciones que vinculan a figuras políticas con redes de tráfico de sustancias ilícitas en la región del Pacífico mexicano.

El exfuncionario estadounidense argumentó que existen elementos suficientes para que el mandatario estatal rinda cuentas ante los tribunales de su país. Según la postura expuesta por Maltz, la colaboración estrecha entre la SSPC y las agencias de inteligencia extranjeras es fundamental para desarticular estructuras criminales que operan en territorio mexicano, sugiriendo que la entrega de funcionarios de alto nivel sería un paso necesario para fortalecer el Estado de derecho y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha emitido una postura oficial respecto a esta solicitud externa. Por su parte, la defensa legal y el equipo de comunicación del gobernador de Sinaloa han mantenido la postura de que cualquier señalamiento debe ser canalizado a través de los cauces institucionales correspondientes, enfatizando que las autoridades mexicanas son las únicas facultadas para determinar la procedencia de cualquier solicitud de esta naturaleza bajo el marco legal vigente.

El escenario se complica ante la falta de una orden de aprehensión formal comunicada por la Fiscalía General de la República (FGR) o una solicitud de extradición activa por parte de las autoridades estadounidenses. Expertos en derecho internacional subrayan que cualquier acción de esta índole debe cumplir estrictamente con los tratados de extradición suscritos entre México y Estados Unidos, los cuales exigen pruebas fehacientes y el respeto absoluto a la soberanía nacional y al debido proceso.

La situación mantiene en expectativa a diversos sectores políticos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, donde se debate el impacto de estas declaraciones en la relación diplomática entre ambas naciones. Mientras tanto, el gobierno federal ha reiterado su compromiso de trabajar bajo los protocolos de seguridad establecidos, evitando pronunciarse sobre acusaciones que no han sido formalizadas ante los órganos de justicia mexicanos.