lunes, 17 de agosto de 2026
México

Familia Oropeza denuncia extorsión y pérdida de expedientes tras despojo inmobiliario

La familia Oropeza enfrenta un proceso legal estancado tras perder un predio de 5.3 hectáreas en Insurgentes Sur, acusando presuntas irregularidades y solicitudes de dinero en fiscalías.

Redacción Sintonía
Foto: excelsior.com.mx

La familia Oropeza, propietaria de un terreno de 5.3 hectáreas ubicado en una zona estratégica de Insurgentes Sur, denunció una serie de irregularidades dentro de la Fiscalía General de Justicia local que han impedido la recuperación de su patrimonio. Según los afectados, el proceso jurídico ha estado marcado por la desaparición recurrente de carpetas de investigación y la dilación administrativa, elementos que consideran estrategias deliberadas para desgastar su defensa legal y forzar una resolución desfavorable.

Los denunciantes aseguran que, durante los últimos meses, diversos funcionarios de la fiscalía especializada han sugerido de manera extraoficial la entrega de pagos millonarios a cambio de agilizar los trámites y devolverles la posesión de su propiedad. De acuerdo con el testimonio de los propietarios, estas solicitudes de dinero se han realizado mediante intermediarios y mensajes indirectos, complicando la posibilidad de presentar una denuncia formal por cohecho ante las instancias correspondientes.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes señalan que este tipo de despojos mediante el uso de influencias y corrupción institucional es una problemática que persiste en la capital. Los abogados de la familia Oropeza han solicitado la intervención de autoridades superiores para garantizar que la investigación se conduzca con transparencia y bajo estricto apego al marco legal vigente, evitando que el conflicto inmobiliario continúe siendo objeto de extorsión.

Hasta el momento, la institución encargada de la procuración de justicia no ha emitido una postura oficial sobre el extravío de los expedientes denunciado por los afectados. Mientras tanto, la familia mantiene su exigencia de justicia y ha manifestado su disposición para colaborar con cualquier auditoría interna que permita esclarecer las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el manejo de este caso.

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