miércoles, 12 de agosto de 2026
México

Federico Berrueto cuestiona actuación de la FGR en caso de Sinaloa

El analista político Federico Berrueto sostiene que la situación jurídica del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría escalar bajo los criterios de la Fiscalía General de la República.

Redacción Sintonía
Foto: sdpnoticias.com

El analista político Federico Berrueto planteó esta semana una comparación sobre el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) en casos de alto impacto. Según el especialista, si la dependencia federal aplicara los mismos criterios jurídicos utilizados en procesos anteriores, como el que involucró al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su fiscal estatal podrían enfrentar detenciones inmediatas ante las investigaciones en curso.

La postura de Berrueto se centra en la responsabilidad de las autoridades locales frente a eventos que han vulnerado el orden público y la seguridad en la entidad. El analista sugiere que la omisión o la falta de resultados contundentes por parte de las fiscalías estatales ante hechos delictivos de gran escala debería motivar una intervención federal más drástica, bajo el argumento de que la justicia debe aplicarse sin distinciones partidistas o políticas.

En el contexto actual, el gobernador Rubén Rocha Moya ha mantenido su postura de colaboración con las autoridades federales, insistiendo en que su administración trabaja para garantizar la gobernabilidad en el estado. Por su parte, la FGR continúa con diversas líneas de investigación que involucran a múltiples actores políticos y sociales, manteniendo el hermetismo sobre posibles órdenes de aprehensión o llamados a declarar contra funcionarios estatales.

La observación de Berrueto abre un debate sobre la autonomía y la eficacia de la procuración de justicia en México. Mientras sectores de la opinión pública exigen resultados claros sobre la situación en Sinaloa, las autoridades federales enfrentan la presión de demostrar que la aplicación de la ley se rige por estándares técnicos y no por conveniencias electorales o coyunturas administrativas propias de la vida pública nacional.

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