FGR vincula a Ángel Aguirre Rivero por destrucción de pruebas en Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República acusa al exgobernador de Guerrero de encubrimiento y destrucción de videos clave sobre el caso Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes sobre la apertura de un proceso judicial contra Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la destrucción de material videográfico fundamental para el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Según las investigaciones federales, el exmandatario habría ordenado la eliminación sistemática de grabaciones captadas por cámaras de seguridad en la zona de Iguala durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El Ministerio Público Federal sostiene que la supresión de estos indicios constituye un acto de obstrucción de la justicia que impidió, durante años, identificar las rutas y los responsables directos de los ataques contra los normalistas. Esta acción se suma a las acusaciones de desaparición forzada de personas, al considerar que la omisión y la manipulación de evidencia fueron piezas clave para ocultar la participación de fuerzas de seguridad estatales en los eventos ocurridos en el municipio guerrerense.
La defensa legal del exgobernador ha negado las imputaciones, argumentando que las acciones realizadas durante su gestión fueron ajenas a la cadena de custodia de la información mencionada por las autoridades federales. Por su parte, la FGR ha señalado que cuenta con testimonios y pruebas periciales que vinculan directamente a Aguirre Rivero con la instrucción de borrar los registros digitales para evitar el señalamiento de funcionarios bajo su administración.
Este avance en las investigaciones se enmarca en la estrategia de la actual administración federal para romper con la impunidad histórica que ha rodeado el caso. La FGR ha solicitado ante las autoridades judiciales correspondientes las medidas cautelares necesarias para asegurar que el proceso continúe sin interferencias, mientras las familias de las víctimas exigen que se agoten todas las líneas de investigación contra los responsables materiales e intelectuales.
El caso sigue generando expectación en el ámbito político y social de México, dada la relevancia que mantiene el esclarecimiento del paradero de los estudiantes. Se espera que en las próximas semanas se realicen las audiencias iniciales donde se presentarán formalmente los elementos de prueba que sostienen la acusación de la Fiscalía contra el exgobernador.
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