Gobierno de Michoacán y productores establecen ruta para trazabilidad del aguacate
Autoridades estatales y la APEAM acordaron implementar un sistema integral para garantizar el origen legal y sustentable del aguacate michoacano.

El Gobierno de Michoacán, en coordinación con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), estableció este sábado una ruta de trabajo conjunta para fortalecer la trazabilidad del fruto en todas sus etapas de producción. El objetivo central de esta colaboración es asegurar que el aguacate exportado cumpla con los estándares internacionales de legalidad, sostenibilidad y respeto al medio ambiente, fortaleciendo así la posición del estado en los mercados globales.
Durante los encuentros realizados, las autoridades estatales destacaron que este esquema busca implementar un sistema de monitoreo riguroso que permita rastrear el producto desde las huertas hasta su empaque final. Esta estrategia pretende evitar el uso de predios con cambios de uso de suelo no autorizados, una problemática que ha sido señalada constantemente por las autoridades ambientales y organizaciones civiles en los últimos años.
Por su parte, los representantes de la APEAM expresaron su disposición para colaborar con el gobierno en la creación de protocolos de verificación más estrictos. La propuesta incluye el uso de nuevas tecnologías para la geolocalización de las huertas certificadas y el intercambio de información constante con las dependencias estatales encargadas del desarrollo rural y la protección del patrimonio natural de la entidad.
La administración estatal subrayó que este esfuerzo es fundamental para la estabilidad económica de la región, donde el sector aguacatero es uno de los principales motores de empleo y desarrollo. Asimismo, se planteó que la implementación de este sistema de trazabilidad permitirá a los productores locales acceder a mercados más competitivos que exigen certificaciones estrictas sobre el origen y el manejo responsable de los recursos naturales.
Finalmente, ambas partes acordaron mantener mesas de trabajo permanentes para evaluar el avance de los protocolos y ajustar las medidas conforme a los desafíos que presenta la cadena de suministro. Este acuerdo se enmarca en las políticas públicas vigentes para el ordenamiento territorial y la preservación de los bosques michoacanos ante la expansión de las zonas de cultivo.
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