Gobierno de Puebla licita quinto corralón estatal para frenar abusos

El gobierno del estado de Puebla lanzó formalmente la licitación para la construcción y operación de un nuevo depósito vehicular estatal, el cual se ubicará en la zona de Lomas de San Miguel. Esta acción responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura pública de resguardo y busca mitigar las irregularidades y cobros excesivos reportados frecuentemente en el servicio de grúas privadas. Con este movimiento, la administración estatal consolida su quinto inmueble destinado a la gestión de vehículos retirados de la vía pública.

La estrategia busca que el estado recupere el control sobre el resguardo de unidades, evitando que los ciudadanos enfrenten tarifas arbitrarias impuestas por concesionarios particulares. Según fuentes de la administración estatal, la creación de este nuevo corralón permitirá ofrecer un servicio más transparente y con costos regulados por tabuladores oficiales, reduciendo la discrecionalidad que ha caracterizado al sector en años recientes.

El proyecto se integra en una política integral de movilidad y seguridad vial que pretende ordenar el sistema de arrastre en la entidad. Las autoridades estatales han señalado que el proceso de licitación sigue los protocolos legales vigentes para asegurar que las empresas participantes cumplan con los estándares técnicos y operativos requeridos por la normativa de transporte local.

Se prevé que una vez concretada la obra, el depósito opere bajo supervisión directa de las dependencias estatales de movilidad, garantizando que el resguardo de los vehículos cumpla con las condiciones de seguridad necesarias. Vecinos de la zona de Lomas de San Miguel han expresado expectativas sobre el impacto que este recinto tendrá en el ordenamiento vial del área, donde históricamente se han presentado complicaciones por el flujo vehicular.

Este esfuerzo administrativo es parte de una serie de medidas que el gobierno de Puebla ha implementado para supervisar de cerca el funcionamiento de los servicios concesionados. La meta final es evitar que los usuarios sean víctimas de prácticas abusivas y asegurar que los vehículos involucrados en incidentes de tránsito tengan un destino legal y seguro bajo custodia oficial.