Impulsan plan integral para el saneamiento del Río Atoyac en Puebla

Este viernes 17 de julio de 2026, diversas organizaciones sociales y autoridades locales en Puebla han puesto sobre la mesa una nueva estrategia para intentar revertir el deterioro ambiental que afecta al Río Atoyac desde hace décadas. La iniciativa, que busca coordinar esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno, responde a la creciente presión ciudadana y a la urgencia de atender un cuerpo de agua considerado uno de los más contaminados del país. El proyecto pretende establecer una hoja de ruta técnica que permita reducir las descargas industriales y domésticas que han degradado el ecosistema en su cauce por el centro del estado.

Paola Migoya, activista y analista de temas ambientales, ha señalado que si bien la problemática del Atoyac ha sido objeto de promesas durante años, la diferencia actual radica en el intento de consolidar un marco de acción conjunta entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las administraciones municipales. La propuesta enfatiza que el saneamiento no puede limitarse a medidas aisladas, sino que requiere una inversión sostenida en infraestructura hidráulica y un control estricto sobre las descargas de desechos que llegan al cauce diariamente.

Entre las propuestas principales se contempla el fortalecimiento de la vigilancia ambiental para identificar los puntos críticos de vertido ilegal. Asimismo, se busca la colaboración con el sector industrial para modernizar las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes, muchas de las cuales operan con deficiencias técnicas. Especialistas en la materia han indicado que el éxito de este esfuerzo dependerá de la continuidad presupuestal y de la capacidad de los gobiernos para mantener una supervisión constante sobre las empresas y desarrollos habitacionales cercanos a la cuenca.

El desafío es monumental, dado que el Río Atoyac atraviesa zonas densamente pobladas y parques industriales que han contribuido históricamente a su degradación. Las voces críticas advierten que, sin un compromiso real que trascienda los periodos electorales, las acciones podrían quedar únicamente en el plano administrativo. Por el momento, la atención se centra en la capacidad de las autoridades para transformar las propuestas en obras de infraestructura visibles y en una mejora medible de la calidad del agua en los próximos años.