Jueza federal en California ordena mejorar condiciones en centro de detención
Una jueza estadounidense dictaminó reformas obligatorias en un centro operado por GEO Group, poco después de que Washington rechazara una comunicación diplomática mexicana.

Una jueza de distrito en California emitió este fin de semana un fallo judicial que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a implementar mejoras sustanciales en las condiciones de un centro de detención operado por la empresa privada GEO Group. La resolución responde a denuncias sobre la atención médica, la calidad de la alimentación y las medidas de higiene dentro de las instalaciones, donde permanecen personas bajo custodia federal.
La decisión de la magistrada se produjo apenas 24 horas después de que las autoridades estadounidenses declinaran atender una carta enviada por el gobierno de México. En dicho documento, la administración federal mexicana había solicitado formalmente una revisión de los estándares de trato a los detenidos en las instalaciones gestionadas por la compañía privada, planteando preocupaciones sobre los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos recluidos en el lugar.
Aunque el gobierno estadounidense rechazó la misiva diplomática argumentando protocolos internos de gestión de centros de detención, el fallo de la jueza federal marca un precedente importante en la supervisión de estas instalaciones. La orden judicial estipula plazos específicos para que el ICE, en coordinación con el operador privado, presente un plan de adecuación que garantice condiciones dignas para todos los internos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha señalado que continuará monitoreando el caso a través de sus oficinas consulares en California. El objetivo de las autoridades mexicanas es asegurar que los connacionales que se encuentran en procesos migratorios reciban un trato apegado a los tratados internacionales, independientemente de la negativa inicial recibida por parte de las autoridades de Washington.
Por su parte, los representantes legales de GEO Group han manifestado que revisarán el alcance de la orden judicial para determinar las acciones técnicas necesarias. El caso permanece abierto bajo la jurisdicción de la corte federal, la cual mantendrá una supervisión periódica hasta que se verifiquen los cambios exigidos en la infraestructura y los servicios del centro de detención.
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