Maru Campos acusa a Marina del Pilar de traición a la patria
La gobernadora de Chihuahua señaló a su homóloga de Baja California por presunta entrega de información de seguridad a cambio de impunidad.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, señaló formalmente este viernes a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la presunta comisión del delito de traición a la patria. El señalamiento surge tras acusaciones sobre la entrega de información estratégica en materia de seguridad pública a grupos externos a cambio de beneficios personales y la garantía de impunidad frente a investigaciones en curso.
Durante una conferencia de prensa celebrada en la capital chihuahuense, Campos Galván afirmó que existen indicios sobre el uso indebido de atribuciones estatales para comprometer la seguridad nacional. Según lo expuesto por el equipo de comunicación de la mandataria estatal, esta conducta habría vulnerado la coordinación entre las entidades federativas y las fuerzas federales de seguridad, debilitando la estrategia conjunta en las zonas fronterizas del país.
La gobernadora de Chihuahua argumentó que la filtración de datos sensibles de inteligencia pone en riesgo las operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las fuerzas armadas en el norte de México. Por ello, instó a las autoridades federales competentes a iniciar una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades ante la Fiscalía General de la República, buscando esclarecer si se comprometió la soberanía y la estabilidad de las instituciones de seguridad.
Por su parte, el equipo de la gobernadora de Baja California ha calificado estas declaraciones como un intento de politización de la seguridad pública. A través de un comunicado, sus representantes señalaron que las acusaciones carecen de sustento probatorio y que las acciones de su administración se han mantenido siempre dentro del marco de la colaboración institucional con el Gobierno Federal y las dependencias de seguridad nacional.
Este conflicto político entre dos de las mandatarias estatales más relevantes del país ocurre en un momento de alta tensión por la estrategia de seguridad en los estados fronterizos. El caso ha generado diversas reacciones en el Senado de la República, donde legisladores de distintas bancadas han solicitado que el Poder Judicial y las instancias investigadoras realicen un análisis imparcial sobre los hechos denunciados para evitar la desestabilización política en la región.
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