Sindicato en Nayarit denuncia despidos y procesos judiciales por exigir prestaciones

Empleados sindicalizados del Gobierno del Estado de Nayarit han denunciado una serie de despidos injustificados y acciones legales en su contra, tras manifestarse públicamente para exigir el cumplimiento de diversas prestaciones laborales. Según señalan representantes de los trabajadores, la administración encabezada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ha recurrido a la Fiscalía General del Estado para judicializar la protesta social, señalando a los trabajadores bajo cargos como apología del delito.

Los afectados refieren que, en los meses recientes, la tensión entre el gremio y las autoridades estatales ha escalado tras la falta de acuerdos en las mesas de negociación salarial. Ante la negativa de solución, los trabajadores optaron por realizar bloqueos y concentraciones en las inmediaciones de edificios públicos, acciones que, según la defensa legal de los empleados, han sido criminalizadas por las autoridades locales bajo una interpretación restrictiva de la ley.

Integrantes del movimiento sindical sostienen que el uso de la fiscalía estatal para procesar a manifestantes constituye un mecanismo de presión para desactivar las exigencias gremiales. Argumentan que los procesos judiciales abiertos buscan inhibir el derecho a la libre manifestación, dejando a decenas de trabajadores no solo sin su fuente de ingreso principal, sino también enfrentando cargos penales que podrían derivar en sanciones mayores si no se revisan los expedientes actuales.

Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno estatal ha mantenido que las acciones emprendidas por la Fiscalía responden estrictamente a la aplicación de la ley ante presuntas alteraciones al orden público. Las autoridades aseguran que los procesos abiertos no están vinculados a la actividad sindical, sino a la presunta comisión de faltas que afectan el libre tránsito y la operación de las dependencias gubernamentales.

Organizaciones de derechos humanos locales han comenzado a documentar los casos, advirtiendo sobre el riesgo que representa la judicialización de conflictos laborales en Nayarit. Mientras los procesos legales siguen su curso, el gremio sindical ha solicitado la intervención de instancias federales para garantizar que el derecho a la protesta sea respetado y evitar que las represalias laborales se conviertan en una práctica institucionalizada.